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Resultado de imagen de imagenes de fetransaTerrestre DP Madrid 27/11/2017
Fetransa ha alertado sobre la necesidad de alcanzar una auténtica coordinación entre las administraciones para poder luchar contra el fraude.
Esta solicitud, fue trasladada a los representantes del Ministerio de Fomento durante la presentación del Plan de Inspección de Transporte por Carretera 2018, cuyo borrador se dio a conocer la semana pasada a los responsables de las federaciones de transportistas.

El documento elaborado por el Ministerio recoge las principales actuaciones que deben llevarse adelante, según este organismo publico para tratar de paliar los efectos que sobre el transporte adquieren temas tan importantes como el dumping social, la deslocalización o las inspecciones de Tacógrafo entre otros aspectos.

El documento además, presentado a los diferentes responsables de las Comunidades Autónomas, destaca la necesidad de unificar criterios de inspección entre los órganos competentes de cada comunidad, tráfico y la administración local correspondiente.

Una vez conocido el contenido del pan de Inspección 2018, Fetransa trasladó al Ministerio su preocupación por la escasa coordinación existente entre las diferentes administraciones implicadas (Ministerio de Trabajo, Fomento y Hacienda), ya que a día de hoy queda patente que la imposibilidad de cruzar datos de supuestos infractores, permite que las bolsas de fraude sigan aumentando.

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El Tribunal Supremo ha establecido que conducir con el permiso sin vigencia por pérdida de todos los puntos es delito y no sólo una falta administrativa. La Sala Penal del Alto Tribunal explica que el delito contra la seguridad vial no requiere para su aplicación que además se esté poniendo en un riesgo concreto la seguridad vial. Para cometerlo bastará con el peligro abstracto que se genera al conducir sin las condiciones legales para ello.

El Supremo ha fijado este criterio en tres recientes sentencias, que sirven para desterrar la interpretación que hacía la Audiencia de Toledo, que para ver delito exigía que el conductor sin puntos cometiese alguna infracción más de tráfico que supusiera un riesgo. En los demás casos, quedaba en una infracción administrativa. Esa discrepancia de la Audiencia de Toledo con el resto de audiencias provinciales suponía que lo que en una carretera toledana era una falta administrativa se convertía en delito al llegar a un punto kilométrico de cualquiera de las seis provincias limítrofes (Madrid, Cuenca, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres o Ávila)

El Tribunal Supremo ha podido unificar la disparidad de criterios gracias a la reciente reforma del recurso de casación, que ahora le permite revisar delitos que antes nunca podían llegar al Alto Tribunal.

"La pérdida de puntos del permiso de conducción por las sanciones recibidas es indicativo de que se carece de las características adecuadas para conducir un vehículo en tanto que el conductor desprecia las normas de circulación legalmente dispuestas para ello", dice el Supremo. "Tal desprecio ha puesto reiteradamente en peligro el bien jurídico protegido [la seguridad vial], optando el legislador por definir este tipo legal que suprime la vigencia de su permiso de circulación, obtenido regularmente en su día", añade.

En uno de los tres casos resueltos, los magistrados examinan una situación especialmente compleja. La Policía Foral de Navarra interceptó a un conductor que tenía cancelado el permiso de conducir español por pérdida de puntos, pero que tenía un permiso de conducir portugués obtenido mediante la figura del canje comunitario. El Supremo considera que se trata de un fraude de ley en el que el conductor se aprovechó de la normativa comunitaria que regula ese canje.

"Al amparo de tal disposición, puede obtenerse el canje del permiso de conducción para aquellas personas que residan más de medio año en otro Estado miembro de la UE, pero lo que no puede conseguirse es contar con dos permisos de conducir, uno caducado por pérdida de puntos, y otro perteneciente a un país distinto del que se conduce cuando se es sorprendido sin vigencia por pérdida de puntos", indican los magistrados. El que se haya obtenido el canje no puede impedir que se aplique la sanción impuesta por uno de los Estados.

"De todo ello resulta que no pueden detentarse dos permisos, y usar el que convenga en cada momento, sobre todo cuando se circula por un Estado cuyas autoridades impiden tal conducción como consecuencia de las infracciones cometidas, que acarrean la caducidad de su vigencia por pérdida total de puntos", indica la resolución.

En suma, "no puede pretenderse por el hecho de detentar el referido permiso portugués mediante canje, al ser residente en el extranjero, ser de mejor condición que el resto de ciudadanos nacionales que tienen únicamente el permiso de conducir español; si pierde, como perdió, la vigencia del permiso de conducir en España no puede su conducta quedar impune, máxime teniendo en cuenta que el acusado conocía perfectamente cómo funciona el sistema de pérdida de vigencia, al habérsele retirado en dos ocasiones anteriores, y en esta tercera sencillamente se adelantó a la resolución de la Jefatura de Tráfico".

En los tres casos van desde los 5 meses de prisión, para este último acusado, a multas de entre 2.160 y 6.000 euros. El Código Penal establece que las condenas impuestas por el delito de circular sin carné o por haber perdido todos los puntos pueden incluir trabajos comunitarios, multas o gasta seis meses de prisión.

Según el artículo 384, "el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción".

 

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El CNTC trasladará sus conclusiones antes del 7 de julio y Fomento plantea dos años de periodo transitorio.

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Resultado de imagen de IMAGENES DE NOTA DE PRENSAFetransa llama la atención sobre la necesidad de equiparar los controles de inspección entre vehículos de transporte público y privado complementario

La demanda se produce tras conocer los datos presentados el martes 21 en el Ministerio de Fomento correspondientes al Informe del Observatorio social del Transporte por Carretera 2016.

En dicha reunión el Ministerio hizo públicos los datos del informe que recopilan los principales parámetros de la actividad en nuestro país, señalando datos de evolución sobre; Certificados conductor Terceros Países de fuera de la Unión Europea, Demanda de empleo de conductores, Oferta de puestos de trabajo como conductores, Contratos formalizados, Permisos de Conducir y Matriculaciones, Formación, Negociación Colectiva y Tacógrafo.

La lectura del informe vino a cargo de Alicia Rubio, subdirectora de Inspección del Ministerio, asistiendo al acto   representantes de la Dirección General de Transporte por Carretera, de la Dirección General de Empleo y de la Dirección General de Tráfico, las organizaciones sindicales, junto a los de las federaciones de transportistas tanto de mercancías como de viajeros que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera, entre las que se encuentra Fetransa.

Una vez analizados los datos reflejados en el informe ahora conocido, Fetransa quiere ponen de manifiesto su preocupación por la desproporción existente en el número de inspecciones realizadas a vehículos con tacógrafo destinados a transporte público en relación con los vehículos inspeccionados de transporte privado. Tal como refleja el informe, el sector aglutina un 70% de vehículos destinados al transporte publico frente a y 30%de vehículos de transporte privado complementario, sin embargo; del total de horas inspeccionadas, el 99 % corresponde al transporte público . Esta situación, más allá de su desproporción supone , bajo el punto de vista de Fetransa, un importante problema que podría derivar en riesgos de aumento de siniestralidad y en un incremento del fraude y competencia desleal en esa flota de vehículos que hoy no son inspeccionados.

Entre los datos más relevantes presentados en el informe del Observatorio se destacan que en materia de empleo en el año 2016 el sector recoge un porcentaje de contratos fijos que apenas llega a un 16% de fijos frente al y un 84% de temporales en un contexto en el que se ha generado un incremento de contrataciones del 6% respecto al año anterior. Para Fetransa, se trata de un dato positivo en relación con las contrataciones, , si bien la precariedad de los contratos temporales condiciona de manera importante la evolución del sector.

Otro de los aspectos sobre los que Fetransa quiere llamar la atención, en relación con los datos conocidos y referidos al año 2016, tiene que ver con la gran diferencia existente entre los convenios colectivos que rigen la contratación en cada comunidad autónoma, señalándose datos tan alarmantes como los conocidos cuando se analiza el convenio aplicado en Huelva que determina un salario mínimo de contratación para el transporte de 630 euros mensuales, frente a los 1384 contemplados en Guipúzcoa.

En este mismo apartado, se ponen de manifiesto diferencias tan importantes como las que contemplan los ingresos totales de los transportistas en función del área geográfica donde desarrollan su actividad, destacando a modo de ejemplo como los ingresos totales, reflejados en convenio en la provincia de Barcelona, ofrece más de dos veces en ingresos totales que un conductor en Sevilla para el mismo convenio laboral. Si bien esta situación se reproduce año tras año, Fetransa insiste en la necesidad de armonizar criterios eliminando la desproporción.

El informe detalla igualmente los datos correspondiente a formación en el sector, si bien, Fetransa, tras analizar los datos conocidos, reclama al Ministerio que en sucesivos informes sean desglosados el porcentaje de aprobados por comunidades autónomas, evitando de este modo, situaciones ya vividas en relación con el examen de capacitación profesional en las que en cada comunidad aplica su propio criterio a la hora de evaluar.

Por último, una vez conocido el informe Fetransa ha trasladado al Comité Nacional de Transporte su deseo de que en posteriores ocasiones, el borrador sea conocido con más tiempo , lo que permitiría asistir a la reunión con criterios ya analizados y ofreciendo posibilidad, por tanto , de aportar mejoras y propuestas correctivas.

 

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